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Galicia, España​

Datos clave

Galicia es una región situada en una posición periférica del noroeste de España. Con una superficie total de 29.574 km² y una población de 2,69 millones de habitantes, su densidad de población media es similar a la del resto de España (91 y 94 habitantes/km², respectivamente). Sin embargo, alrededor de tres cuartas partes de la población se concentran en apenas una quinta parte del territorio, lo que significa que la densidad de población media de los municipios rurales es de sólo 30 habitantes/km². Pese a todo, quizá uno de los principales aspectos diferenciadores respecto del resto de España sea el alto grado de fragmentación de la propiedad: se estima que alrededor de 1,9 millones de personas son propietarias de tierra (aproximadamente dos tercios de la población total), y el número total de parcelas está cerca de los 12 millones. En resumen, cada propietario posee, en promedio, alrededor de 1,5 ha de tierra, a menudo divididas en varias parcelas separadas. Un segundo aspecto destacable es la alta dispersión del hábitat rural en Galicia: con sólo el 6% de la superficie total de España, Galicia concentra la mitad del total de entidades de población (más de 30.000 de un total de 60.000 en España), de las cuales el 90% tiene menos de 100 habitantes.

La población rural ha experimentado una tendencia a la baja desde los años 1960, pero el número total de asentamientos sigue siendo de unos 30.000, lo que significa que muchos de ellos ahora están habitados por un número muy reducido de personas. Durante el último medio siglo se ha producido una intensa especialización espacial del sector primario, que se ha traducido en una fuerte expansión de las áreas arboladas y de matorral y, lo que es más importante, en un gran aumento de la continuidad espacial de la biomasa. Esto, combinado con episodios ocasionales de sequía estival, breves pero intensos, da como resultado un riesgo de incendio forestal bastante alto. Se trata de una preocupación muy relevante en la extensa interfaz urbano-forestal entre zonas pobladas y seminaturales y, en consecuencia, ha provocado un aumento constante del gasto público en equipos e infraestructuras contra incendios que alcanzó los 173 millones de euros anuales en 2020.

Reconociendo que la despoblación rural, el abandono de tierras agrícolas y los incendios forestales están esencialmente entrelazados, en 2021 se creó un nuevo instrumento jurídico (las “aldeas modelo“). Este instrumento tiene como objetivo favorecer la gestión activa del suelo en las proximidades de núcleos de población habitados, conciliando el uso activo y la propiedad del suelo y fomentando enfoques innovadores para la participación local, la producción agrícola y la mejora del nivel de vida.

Socios 
involucrados

Transiciones del Living Lab

Los profundos cambios demográficos en las zonas rurales (despoblación y envejecimiento) se consideran uno de los principales desafíos de la región. Éstas son el resultado de tasas bajas o incluso negativas de crecimiento natural de la población, pero también del persistente éxodo migratorio hacia las zonas urbanas de la región, así como hacia otras zonas de España y del extranjero. El debate público se ha centrado en gran medida en las tasas de fertilidad, y sólo recientemente las políticas públicas han comenzado a reconocer una mayor variedad de cuestiones relacionadas, como el acceso a la vivienda, el empleo y la creación de nuevas iniciativas productivas en las zonas rurales.

La pérdida de peso demográfico y económico de las zonas rurales en las últimas décadas ha ido acompañada de una creciente desagrarización, debido a la reducción de la importancia del sector agrario en estas zonas: en 2019, solo alrededor del 13% de los residentes ocupados en los municipios rurales tenían su actividad principal en el sector agrícola (incluidas la silvicultura y la pesca). El empleo agrario continúa disminuyendo a tasas muy elevadas, muy por encima de la media española y comunitaria, y va acompañado de un débil desarrollo de las actividades industriales y de servicios en las zonas rurales.

La despoblación y la desagrarización de las áreas rurales han provocado importantes cambios en el paisaje en las últimas décadas, que han supuesto el abandono de antiguas tierras de cultivo y pastoreo y la expansión de la cubierta arbórea. Hoy en día, agricultores y ganaderos sólo gestionan alrededor del 29% de la tierra de Galicia. Del 71% restante, el 41% son terrenos forestales o abandonados en manos de propietarios ajenos al sector agrario, el 23% corresponde a montes en man común y el 7% se dedica a uso urbano, vías de transporte y otros suelos no agrícolas. Por un lado, esto supone la pérdida de zonas agrícolas de alto valor natural como consecuencia del avance de la vegetación espontánea y la homogeneización del paisaje. Por otro lado, esto aumenta el problema de los incendios forestales: un promedio anual de más de 3.000 incendios provoca que se quemen unas 20.000 ha cada año, pero no son infrecuentes los años con 50.000 ha o más. En muchos casos, especialmente en los peores años, esto supone una amenaza para la vida humana. Aunque la respuesta habitual se ha centrado en gran medida en la extinción de incendios, en las últimas dos décadas esto ha sido cada vez más reconocido como un problema de planificación (la conciliación del uso y la propiedad de la tierra), fuertemente vinculado al desarrollo rural y la preservación de las actividades agrícolas en el medio rural.

El despliegue de infraestructuras y cobertura de red se ha desarrollado a un ritmo acelerado en los últimos años: según las estadísticas oficiales, el 89% de los hogares gallegos tenía acceso a internet en 2018 (91% en España), casi todos (88%) con acceso a banda ancha. El porcentaje de hogares rurales con acceso a banda ancha fue ligeramente menor (76%), aunque con un fuerte aumento en los últimos años. En cuanto al nivel real de digitalización, el 70% de los hogares rurales gallegos utilizó internet habitualmente en 2018 (80% en Galicia y 87% en España), pero esto enmascara una brecha importante por edad y nivel educativo: tal que en los hogares rurales con personas menores de 45 años y con un mayor nivel educativo (educación secundaria o superior), el uso de internet parece superar el 90%.

Así, el menor uso detectado en las zonas rurales parece deberse cada vez menos a barreras tecnológicas y más a otros problemas: adaptación de los servicios a las necesidades, desconocimiento de las posibilidades de la digitalización y de la capacidad de aprovecharlas, especialmente entre las personas de mayor edad y/o con menor nivel educativo. El costo de los servicios, comparativamente caros en las zonas rurales (para el mismo nivel de desempeño), es otro factor limitante.

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